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El Govern ordenará la red de centros infantiles no regulados para garantizar unas condiciones mínimas

La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, y el conseller de Educación y Universidad, Martí March, se han reunido hoy con los representantes de diferentes colectivos relacionados con la educación infantil de 0-3 años en Menorca. La reunión se ha planteado con el objetivo de explicar las características del decreto que está elaborando Servicios Sociales para regular los centros asistenciales para niños de 0-3 años, que se conocen como “guarderías”.
 
Además de los consellers también han asistido a la reunión los directores generales de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, y de Innovación y Comunidad Educativa, Jaume Ribas; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, y el conseller de Cultura y Educación del Consell, Miquel Àngel Maria; y el delegado de Educación en Menorca, Joan Marqués. Por otro lado, entre los colectivos invitados se encuentran los representantes de las escuelas 0-3, del Observatorio de la Primera Infancia y Familia, del Consell Escolar de Menorca, de los regidores de Educación, de FAPA Menorca y de los representantes sindicales.
 
Santiago ha explicado que el decreto se encuentra actualmente en fase de estudio y debate y ha remarcado que “es una cuestión de responsabilidad institucional regular las guarderías, puesto que el Govern no puede girar la espalda a una realidad que existe desde hace años en nuestras islas”. Actualmente, hay un número indeterminado de centros que atienen niños menores de tres años (guarderías), los cuales no figuran a ningún registro, no están sometidos a unas condiciones mínimas (espacios, calificación de los profesionales, ratios, etc) y a los cuales sólo se les pide una licencia de actividad municipal para poder funcionar.
 
Este vacío normativo que ahora se quiere ordenar viene derivado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares del año 2010, que establecía que el Decreto 60/2008 que regula las condiciones de las escoletes educativas sólo  afectaba los centros educativos (escoletes) y no a los centros asistenciales (guarderías). Como consecuencia de esta sentencia, las guarderías, quedaron al margen de cualquier normativa.
 
Desde el Gobierno se ha aclarado que la elaboración del decreto que regulará esta red de centros no supone ningún cambio en la política que hasta de ahora se ha llevado a cabo por parte del ejecutivo. En este sentido, se continúa apostando porque la Educación Infantil sea una etapa educativa y no sólo asistencial. En este sentido, March ha recordado que “desde el año 2015, este Gobierno ha invertido en las escoletes educativas casi 5.187.950 euros de euros, cinco veces más de lo que se invirtió en toda la legislatura pasada (970.924 euros)”.