Buenos días,
 
Comparezco ante esta cámara para dar cuenta de los avances que se han producido en el reconocimiento y la compensación de las desventajas derivadas de la insularidad que sufre esta comunidad autónoma. Lo hago después de que el Consejo de Ministros aprobara el viernes día 22 de febrero el Decreto Ley y el Anteproyecto de Ley que modifican el Régimen Especial de las Illes Balears y después de que el pasado jueves 28 de febrero el Congreso de los Diputados convalidara este Decreto Ley.
 
Ante todo, quiero agradecer el apoyo de todos los partidos, tanto de las Illes Balears como de ámbito estatal, que han hecho posible que se aprobara esta modificación del Régimen Especial. También quiero agradecer la labor de la sociedad de las Illes Balears para hacerlo posible, especialmente de la Plataforma por la Mejora de la Financiación liderada por el Cercle d’Economia.
 
Gracias por posibilitar entre todos este paso que hemos dado para mejorar las compensaciones de la insularidad.
 
Unas compensaciones que, como saben, hasta ahora estaban fijadas en una ley de hace 20 años, la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears. Esta ley tenía que servir para desarrollar el mandato constitucional establecido en el artículo 138.1 de la carta magna, en el que se reconocen las desventajas propias de la insularidad y el mismo hecho insular como un rasgo diferencial que se tiene que tener en cuenta con el fin de establecer un equilibrio económico interterritorial adecuado y justo.
 
La Ley 30/1998 se plantea para hacer realidad este mandato constitucional y establece una serie de medidas para intentar corregir las desventajas que explícitamente reconoce. Esta ley prevé cuatro títulos diferentes relativos al establecimiento de medidas de bonificación de los transportes y las comunicaciones, las limitaciones territoriales y las barreras a la competencia, al desarrollo sostenible y a la diversificación económica.
 
Lo cierto, sin embargo, es que la mayor parte de las actuaciones previstas en el REIB de 1998 se refieren a la creación y puesta en funcionamiento de múltiples comisiones formadas por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. De estas mesas de negociación tenían que salir una serie de actuaciones concretas, pero la realidad es que eso no siempre ha sido así. Y, después de 20 años, esta Ley ha quedado desfasada.
 
En 2007, casi 10 años después de vigencia del REIB, se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. El nuevo Estatuto, en su disposición adicional sexta, establece que una ley de las Cortes Generales regulará el Régimen Especial de las Illes Balears y, en el marco de esta ley, la Administración del Estado deberá ajustar sus políticas a la realidad pluriinsular de las Illes Balears.
 
Para conseguirlo, se explicita que se debe incorporar un instrumento financiero que, con independencia del sistema de financiación de la comunidad autónoma, dote los fondos necesarios para garantizar su aplicación.
 
Hasta que no se modifique el REIB de 1998 y este instrumento llegue, el mismo Estatuto de 2007, en la disposición transitoria novena, fija que durante un máximo de siete años la inversión del Estado en las Illes Balears se establecerá atendiendo la inversión media realizada en las comunidades autónomas de régimen común.
 
Las conocidas como inversiones estatutarias tenían que durar hasta el 2014, momento en el que se debía aprobar el nuevo REIB, y se tenían que establecer a través de convenios entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de las Illes Balears.
 
Como saben, estos convenios se firmaron sólo entre los años 2008 y 2010 y después no sólo se dejaron de firmar, sino que también se dejaron de cumplir. Y, por lo tanto, llegamos hasta nuestros días sin que haya aumentado la capacidad inversora del Estado en las Illes Balears y sin una reforma del Régimen Especial que incorpore un nuevo instrumento financiero que mejore la situación.
 
En este contexto, el año 2014 la UIB elabora el primer estudio que hace una estimación de los costes de la insularidad y el año 2015 se plantea una propuesta de revisión del REIB que no incluye ningún tipo de instrumento financiero ni ninguna afectación sobre la inversión del Estado y que, además, no se acaba tramitando en las Cortes españolas.
 
Este Govern de las Illes Balears empieza a andar, por lo tanto, con este panorama y se fija como uno de los objetivos de legislatura negociar con el Gobierno del Estado para poder aprobar un nuevo Régimen Especial, con tres ejes principales, tres patas, como me gusta decir: una pata fiscal, una pata inversora y una pata de transporte.
 
Se pasa, por lo tanto, de una propuesta que sólo contenía medidas fiscales a una propuesta más amplia que también compromete inversiones públicas. Se pasa también, y esta es la segunda diferencia que yo considero importante, de una propuesta que no se había pactado con nadie a una propuesta que es fruto del diálogo con la sociedad civil organizada de estas islas.
 
Y para hacerlo posible, primero encargamos un estudio que pusiera sobre la mesa medidas concretas para paliar las desventajas de la insularidad que se habían descrito en el estudio anterior de la UIB. A partir de este estudio, se hacen una serie de propuestas que se ponen en común con los representantes de la sociedad civil: partidos políticos, patronales, sindicatos, Cercle d’Economia, etc.
 
De todo ello sale un documento muy ambicioso, que incluye propuestas que afectan al Estado y propuestas que afectan a la Unión Europea y que nos sirve de base para afrontar las negociaciones. Unas negociaciones que este Govern enfoca sabiendo que tiene detrás suyo la fuerza de la sociedad de las Illes Balears. Y lo hace con un planteamiento ambicioso pero, a la vez, con una inequívoca voluntad de alcanzar un acuerdo.
 
Si el planteamiento que hacemos nosotros es un planteamiento de máximos, el punto de partida que fija el Gobierno español podríamos decir que es de mínimos, porque le cuesta mucho moverse de la propuesta que se hizo con el anterior Gobierno del PP a fin de que el Régimen Especial sólo incluya medidas fiscales. De hecho, el Gobierno español no se aviene inicialmente ni a mejorar la propuesta fiscal y, sólo en las postrimerías de la negociación, acepta la creación de un fondo de insularidad.
 
No obstante, no se llegó a un acuerdo con el Gobierno saliente de Mariano Rajoy, entre otras cuestiones, porque nunca llegó a aceptar que se fijara una cifra de inversión, ni quiso concretar un punto de llegada claro, mesurable y objetivo. La única medida que incorporó fue la destinación final del fondo de insularidad de los usos que planteaban las Illes Balears, no incluyó ninguna fórmula que garantizara el funcionamiento del fondo, ni ningún mecanismo de trabajo que permitiera a la sociedad y a las instituciones de estas islas participar en la decisión sobre el uso final de los recursos.
 
En este momento de las negociaciones es cuando se presenta la moción de censura y la llegada de un nuevo Gobierno en el Estado. Un nuevo Gobierno que tiene que aterrizar, que tiene que entender cuál es la prioridad de las Illes Balears y que tiene que conocer en qué estado se encuentran las negociaciones antes de reactivarlas.
 
Y cuando se produce esta reactivación de las negociaciones, se asume y se mejora la parte fiscal que estaba acordada con el anterior Gobierno, se incorpora una parte en lo referente al transporte y otra que compromete al Gobierno del Estado en la conexión energética y en la transición energética de las Illes, y se reanuda la negociación sobre los fondos de insularidad, que pasa a llamarse “factor de insularidad” y que no supondrá una cantidad fija, sino la diferencia entre la inversión del Estado en las Illes Balears y, como mínimo, la media de inversión del Estado en las comunidades autónomas.
 
O sea: la fórmula que siempre habíamos pedido para compensar el déficit inversor del Estado en las Balears y situarnos, como mínimo, en la media de inversión del Estado en las comunidades autónomas.
 
De esta manera, se cierra un acuerdo con el Gobierno del Estado y, en la reunión que yo misma mantuve el pasado 14 de noviembre en la Moncloa con el presidente español, Pedro Sánchez, acordamos que el nuevo Régimen Especial se aprobaría antes de que acabe la legislatura autonómica y que, si hace falta, se tramitaría por decreto ley para hacerlo posible y pueda estar en vigor.
 
Así, el pasado viernes día 22 de febrero, el Consejo de Ministros aprueba un Decreto Ley y un Anteproyecto de Ley que incluye los aspectos más relevantes de la propuesta trabajada por el Gobierno y consensuada desde junio de 2017 con una buena parte de los agentes sociales y fuerzas políticas. Se trata de un nuevo Régimen Especial que tiene una clara voluntad de mejorar e ir más allá de la Ley que hasta ahora ha estado en vigor.
 
Un pacto con el Estado que tiene que servir, por un lado, para compensar las desventajas de la insularidad y, por el otro, hacer realidad el mandato estatutario de garantizar que la inversión del Estado en las Illes Balears llegue, como mínimo, a la media de la que se destina a las comunidades autónomas.
 
La principal novedad de este nuevo Régimen Especial, y que tiene que permitir este reequilibrio inversor del Estado en las Illes Balears, es el factor o fondo de insularidad. Este mecanismo garantiza que cada año las Illes Balears reciban fondos del Estado que compensarán el déficit inversor estatal como consecuencia de la insularidad. Y se hará a través de una partida presupuestaria concreta, clara y transparente. Una partida que nos tiene que garantizar que, cada año, en los Presupuestos Generales del Estado, la aportación del Estado en las Balears se sitúe, como mínimo, al nivel de la inversión media que el Estado destina a las comunidades autónomas.
 
Esta fórmula es la que siempre habíamos pedido respondiendo a dos mandatos, el constitucional y el estatutario, para compensar la insularidad y el déficit inversor del Estado. O, lo que es lo mismo, para cumplir con un objetivo principal: garantizar la igualdad de trato de todos los ciudadanos.
 
Los datos corroboran las deficiencias que ha supuesto la falta de un factor de insularidad: sólo en los últimos diez años, el déficit inversor del Estado ha causado un diferencial acumulado de 1.700 millones de euros. Son 1.700 millones en inversiones no realizadas en las Balears en comparación con las impulsadas por término medio en las comunidades autónomas por parte de los Presupuestos Generales del Estado.
 
Como ya sabemos, las Illes Balears han ocupado sistemáticamente, año tras año, la última o casi la última posición de entre todas las comunidades autónomas en la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado. Un déficit inversor que, en parte, se explica porque el hecho insular determina que las Balears no puedan participar ni beneficiarse de grandes inversiones en infraestructuras que el Estado impulsa, como el AVE o las grandes carreteras radiales.
 
Con la introducción del factor de insularidad en el Régimen Especial hemos conseguido cambiar esta situación. Además, las Illes Balears tendrán voz para decidir la destinación del fondo. Será a través de un órgano mixto entre el Estado y nuestra comunidad, que se reunirá al menos dos veces el año. Eso supondrá una salvaguardia a la hora de evitar discrecionalidad por parte del Estado en el momento de prever inversiones en las Balears.
 
Las Illes Balears no sólo participarán a la hora de decidir dónde se destinarán los recursos, sino que estos recursos se tendrán que destinar necesariamente a materias diferentes a las inversiones territorializadas, que se seguirán impulsando de manera ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado de cada año y que se destinan, en exclusiva, a infraestructuras de titularidad estatal, como los puertos, aeropuertos y otros organismos dependientes. 
 
Ahora, los fondos destinados al factor de insularidad se podrán destinar a inversiones en infraestructuras o sistemas de transporte; a recursos hídricos; al transporte de energía, con atención a las energías de autoconsumo y renovables; a sistemas de movilidad; a becas de estudio e investigación; a la modernización, reestructuración y diversificación del sector turístico; al desarrollo de redes de banda ancha, fibra óptica y telecomunicaciones; al tratamiento, reciclaje y transporte de residuos, y a actuaciones sobre nuestro patrimonio cultural, etnológico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico.
 
Y a diferencia de lo que pasaba con las inversiones estatutarias, que se perdían si no se ejecutaban en el plazo indicado, estos fondos tendrán una asignación presupuestaria anual con una partida concreta y serán reprogramables. Por lo tanto, si no se ejecutan a tiempo, no se perderán, sino que se acumularán sobre la aportación de los años siguientes.
 
Es decir, este factor o fondo de insularidad supondrá un empuje importante a nuestro tejido productivo, patrimonial y social. Y, en este sentido, también quiero subrayar un efecto secundario importante de este factor: el hecho de que permitirá liberar recursos propios del Govern de les Illes Balears para invertir en otros objetivos no directamente incluidos entre las finalidades del fondo.
 
Otro de los elementos fundamentales que incluye el Régimen Especial es en materia de transporte. El REIB garantiza las compensaciones a la movilidad de las personas, establece garantías para desarrollar nuevos mecanismos y crea ventajas que abaratan el coste del transporte de mercancías.
 
Y con esta pata del Régimen Especial hemos conseguido una medida indispensable para la sociedad de las Illes Balears: blindar el 75% del descuento de residente en transporte aéreo y marítimo. Eso significa que este descuento para los viajes interislas y entre las Illes y la Península estará garantizado y no tendrá que depender, cada año, de la aprobación de los Presupuestos Generales.
 
En la misma línea de actuación, el REIB prevé la declaración de nuevas obligaciones de servicio público, que garantiza la movilidad de los ciudadanos con más conectividad y un mínimo de frecuencias y rutas regulares. También plantea el diseño de reducciones y bonificaciones en las tasas aeroportuarias, con atención al transporte de contenedores.
 
Con respecto al transporte público terrestre, las Balears consiguen acceder a las ayudas públicas estatales que hasta ahora sólo recibían Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, ya que se reconoce su carácter de servicio público esencial y tendrán garantizada financiación estatal a través de los Presupuestos Generales.
 
Pero si bien tenemos claro que los ciudadanos de las Illes Balears tienen que tener garantizados unos derechos básicos con respecto al transporte, también era necesario asegurar el abaratamiento de los costes de mercancías, igualmente perjudicados por el factor insular. De esta manera, se podrán reducir el coste de vida de los ciudadanos y los costes de producción.
 
Para hacerlo posible se prevén bonificaciones en la entrada y salida de mercancías. En concreto, de al menos un 65% del coste del flete de transporte para la exportación de productos originarios de las Balears o que hayan sido transformados. Las ayudas se extienden a la importación de materias primas no energéticas necesarias para la producción, con una compensación del 60% mínimo del coste del flete.
 
El nuevo Régimen Especial también prevé que el Estado aportará ayudas al transporte para eliminar residuos de las Balears.
 
Finalmente, el Estado se compromete a negociar ante la Unión Europea una excepción en la aplicación de la regla de mínimos. El objetivo es que nuestras empresas se puedan beneficiar el máximo posible de todas las potencialidades del REIB, yendo más allá del actual límite de bonificaciones, fijado en 200.000 euros por empresa cada tres años.
 
En este sentido, ya se han dado pasos ante la Unión Europea y seguiremos haciéndolo los próximos días porque está previsto que el Govern de les Illes Balears y el Gobierno de España vayamos juntos a Bruselas a defender este planteamiento.
 
Con respecto a la transición ecológica y al fomento de las energías renovables, se trata de dos prioridades de este Govern que pasan a estar también dentro del nuevo REIB. De esta manera, se incorpora un bloque de medidas referentes al sector energético que parte de las necesidades específicas que implica la insularidad. Este objetivo se puede traducir, por ejemplo, con la llegada a las Balears de más de 1.600 millones de euros en materia energética. En concreto, 1.608 millones.
 
Se incluyen ventajas para estimular la instalación de generación de renovables para la producción eléctrica en las islas, con retribuciones adicionales dentro de un régimen energético específico valorado en más de 14 millones de euros el año.
 
El decreto compromete al Gobierno del Estado a mejorar las conexiones eléctricas entre las Illes y la Península para garantizar la seguridad del sistema. En este sentido, se fijan las inversiones estatales para instalar los cables adicionales entre Mallorca y Menorca y entre Ibiza y Formentera por valor de 248 millones de euros.
 
También se prevé el segundo cable de conexión con la Península por valor de 1.300 millones de euros y que se incluirá en la planificación 2020-2025. Otro punto importante es la mejora de la calidad y la sostenibilidad de los servicios portuarios. El Estado pagará 60 millones de euros para electrificar los puertos de las Illes y contribuir, así, a reducir las emisiones contaminantes de los buques.
 
Todas estas medidas involucran al Estado en los planes del Govern y el desarrollo de la ley que este mismo Parlamento aprobó hace unas semanas, la de Cambio Climático y Transición Energética, y que sitúa a las Illes Balears a la vanguardia de Europa para garantizar emisiones cero el año 2050. Es decir, el REIB no sólo nos dota de inversiones, sino que con estas inversiones asegura que el Estado mantenga los compromisos que desde las Balears hemos impulsado en la lucha contra el cambio climático.
 
Estas tres patas –fondo o factor de insularidad, transporte y energía- hoy ya son una realidad, con la validación el pasado jueves del Decreto Ley en el Congreso de los Diputados. En este sentido, creo que es importante destacar el trabajo hecho desde todas las instituciones y el apoyo de la sociedad civil para que eso sea posible. Era necesaria una respuesta de urgencia y la hemos obtenido.
 
Pero queda otra parte importante. Una parte que se sigue tramitando como Anteproyecto de Ley y que sustenta un nuevo régimen fiscal para las Balears. El mismo Consejo de Ministros que dio luz verde al decreto también aprobó este Anteproyecto de Ley que el Gobierno del Estado convertirá ahora en Proyecto de Ley y que, pasadas las elecciones generales, se enviará a las Cortes.
 
Aunque tanto nosotros como el Gobierno del Estado habríamos querido que esta parte también se incorporara en el Decreto Ley, finalmente se ha optado por hacer avanzar el REIB por dos vías: la del Decreto Ley y la del Proyecto de Ley. Así lo ha recomendado la Abogacía del Estado porque estas ventajas fiscales tengan más seguridad jurídica y en ningún caso puedan ser eliminadas o recorridas, ni en España ni en Europa. No podíamos arriesgarnos a hacerlas vulnerables a la decisión de aquellos que quisieran llevar estas ventajas a los tribunales.
 
Ahora, el Congreso de Diputados que salga de las próximas elecciones del 28 de abril tendrá que validar el Proyecto de Ley para hacerlo efectivo el 1 de enero de 2020. El actual Gobierno del Estado ha expresado su compromiso firme y tenemos plena confianza con todos los partidos que ya han adelantado su apoyo para que, cuando llegue al Congreso, todo el mundo actúe con responsabilidad y el REIB pueda quedar completado con la parte fiscal.
 
Este nuevo régimen fiscal será mucho mejor que el que teníamos hasta ahora, que no era nada. Las Illes Balears nunca habían contado con un régimen fiscal para compensar los sobrecostes generados por la insularidad. Pero estas medidas fiscales no sólo están pensadas para compensar la insularidad, sino para favorecer la modernización de nuestra economía y la creación de más y mejor empleo.
 
El nuevo REIB establece mejoras para todos los sectores productivos y empresariales a través de un bloque de nuevos beneficios fiscales que incentivan el crecimiento de las empresas y la mejora económica de las Illes.
 
Así, se evidencia en dos bloques de beneficios. Por una parte, tenemos una reserva de inversiones para empresas y autónomos que supondrá una rebaja del impuesto de sociedades en el caso de empresas y del IRPF en el de los autónomos. Es decir, se incentivará la inversión de beneficios en las Balears. Por otra parte, habrá un régimen especial de empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras que actuará de la misma manera.
 
El nuevo REIB se dirige a las más de 47.000 empresas y 71.000 autónomos declarantes por actividades económicas en el IRPF de las Balears. Las empresas que se pueden aplicar la reserva por inversión son aquellas que hayan tributado por beneficios en el impuesto de sociedades. En el caso de los autónomos declarantes, se pueden aplicar la deducción de la cuota por la reserva de inversiones.
 
La estimación global de beneficios fiscales que se deriva es de 270 millones de euros para empresas y autónomos. Las ventajas en empresas, pymes y autónomos tienen un doble objetivo. En primer lugar, la modernización y ampliación de los sectores productivos y el fomento de la actividad económica y empresarial en las Illes. En segundo lugar, la creación de empleo y el mantenimiento de puestos de trabajo.
 
De hecho, la reserva de inversiones bonifica el mantenimiento de los puestos de trabajo y la creación de empleo. También incentiva la inversión de los beneficios empresariales de empresas y autónomos. En el caso del nuevo régimen para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, se bonifica fiscalmente con una deducción del 10% el mantenimiento del empleo y un beneficio del 25% para la creación de puestos de trabajo.
 
Esta reserva incentiva también la creación o ampliación de un establecimiento; la diversificación de la actividad para la elaboración de nuevos productos; la transformación en el proceso de producción; la inversión en elementos que contribuyen a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio balear y gastos de I+D+I; la creación de puestos de trabajo relacionados con las inversiones anteriores y la suscripción de acciones o participaciones de sociedades que desarrollen su actividad en las Illes Balears y realicen las inversiones anteriores.
 
Con respecto al beneficio fiscal, las empresas declarantes del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes podrán reducir la base imponible en el importe de la dotación de la reserva de inversiones. Serán cantidades dotadas y se establece un límite del 90% del beneficio no distribuido. En el caso de los autónomos declarantes del IRPF, se podrá aplicar una deducción a la cuota íntegra del impuesto calculada sobre el importe de la dotación de la reserva de inversiones. Habrá un límite del 80% de la parte de la cuota íntegra que derive de establecimientos situados en las Illes Balears.
 
Les pondré algunos ejemplos.
 
Pongamos por caso que un pequeño comercio compra una furgoneta de 20.000 euros para distribuir sus productos y este autónomo tiene un beneficio empresarial de 30.000 euros. Con el Régimen Especial conseguirá un ahorro de casi 5.000 euros al rebajar el IRPF a través de la reserva de inversiones.
 
O pongamos por caso a un industrial autónomo que amplía su negocio e invierte 20.000 de los 50.000 euros de beneficio empresarial que tiene en la compra de un solar para construir y equipar un nuevo local. Con el Régimen Especial conseguirá un ahorro superior a los 5.000 euros gracias a la rebaja del IRPF prevista en la reserva de inversiones.
 
O pongamos por caso que una sociedad anónima quiere diversificar su actividad con la creación de un nuevo producto e invertirá un millón de euros en tres años. Esta sociedad prevé obtener un beneficio fiscal de dos millones y distribuir 400.000 euros. Con la reserva de inversiones, conseguirá un ahorro de 200.000 euros en el impuesto de sociedades el primer año.
 
Quiero destacar que esta nueva reserva de inversiones va mucho más allá de la planteada por el PP antes de las elecciones de 2015, ya que este beneficio fiscal llega hasta el 90% del beneficio no distribuido, mientras que la propuesta del PP era del 75%.
 
Además, también habrá un régimen especial para empresas industriales, agrarias, ganaderas y pesqueras. Consiste en una deducción aplicable en el impuesto de sociedad –o en el IRPF en el caso de los autónomos- sobre los rendimientos derivados de la venta, exportación, comercialización o transformación de los productos.
 
Habrá un beneficio fiscal para la producción de bienes industriales, agrarios, ganaderos y pesqueros mediante sucursal o establecimiento permanente en las Illes Balears. La base del beneficio serán los rendimientos de la venta, la exportación, la comercialización o la transformación de productos.
 
Para calcularlo, se aplicará una deducción del 10% sobre la cuota íntegra, siempre que la empresa mantenga los puestos de trabajo. Esta deducción subirá al 25% si la empresa crea nuevos puestos.
 
Así, por ejemplo, un agricultor, un ganadero o un pescador que haya obtenido un beneficio de 50.000 euros por la venta de su producción, con el nuevo Régimen Especial obtendrá un ahorro fiscal de 5.000 euros para mantener los puestos de trabajo de su actividad y conseguirá un ahorro de 12.500 euros si también decide contratar a un nuevo trabajador.
 
Por lo tanto, eso es lo que hemos conseguido entre todos. Un Régimen Especial que tiene que suponer la llegada de alrededor de 170 millones de euros más cada año para situar a las Balears en la media de inversión del Estado en las comunidades autónomas. Las Illes Balears nunca más volverán a ser discriminadas en los presupuestos como consecuencia de la insularidad.
 
Hemos conseguido un Régimen Especial que combate también una forma de discriminación que va más allá del presupuesto del Estado, la que sufren diariamente los mismos ciudadanos y ciudadanas como consecuencia de un mayor coste de la vida.
 
El nuevo Régimen Especial atacará este castigo, causado en parte por la misma insularidad, con un paquete de medidas de transporte que blindan el 75% de residente y, además, abaratan el transporte de mercancías y reducen los costes de producción y, por descontado, de venta.
 
Un Régimen Especial que nos tiene que empujar también a acelerar hacia un modelo energético que refuerza la interconexión y el suministro y que supone una apuesta por la generación de energías limpias con fuentes renovables.
 
Todo eso ya se encuentra en vigor gracias al Decreto Ley que el jueves convalidó el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra.
 
Pero, además, a todo eso se tiene que añadir un régimen fiscal propio que supondrá ventajas tributarias para todos los sectores productivos: desde la agricultura, a la industria, la pesca, el comercio, el turismo o el transporte, así como todas las actividades emergentes relacionadas con la investigación y la innovación.
 
Según las estimaciones hechas, el impacto del nuevo Régimen Especial será de alrededor de 550 millones de euros anuales en inversión, medidas fiscales y mejora del transporte, además de los 1.600 millones de euros previstos en materia energética. Estas son las obligaciones que tendrá que cumplir con las Illes Balears el Gobierno del Estado, independientemente del color que sea, para compensar la insularidad.
 
Por lo tanto, es evidente que este Régimen Especial es una mejora cualitativa con respecto a lo que teníamos vigente hasta ahora. Supone un antes y un después, como dijo el jueves en el Congreso la ministra Batet. Y es así tanto con respecto a la compensación de las desventajas derivadas de la insularidad como a la mejora de la política de inversiones del Estado en las Illes, cumpliendo así con el mandato constitucional y el estatutario.
 
Y este acuerdo, también lo quiero recalcar, se adopta en un contexto nada propicio porque, por un lado, la negociación se ha visto condicionada por la fuerte inestabilidad que se ha vivido a nivel estatal, en el que un único Govern baIear ha convivido con tres gobiernos diferentes en el Estado, con tres convocatorias de elecciones generales, una moción de censura y largos periodos de interinato político que han bloqueado mucho la capacidad de llegar a acuerdos y tomar decisiones. Quiero decir con eso que la inestabilidad política que se ha vivido a nivel de Estado no ha sido un escenario propicio para la negociación.
 
Una negociación que, también quiero recordar, es complicada porque así como para las Illes Balears la insularidad es su principal problema, eso no es así para todo el Estado y, por lo tanto, cuesta que los gobernantes españoles la sitúen en el mismo nivel de prioridad que tiene para los gobernantes de las Illes Balears.
 
Y por otro lado también quiero poner en valor que este acuerdo llega en un contexto en el que el desarrollo del Estado autonómico no marca la agenda de la política española y, más bien, soplan vientos de recentralización. La aprobación del nuevo Régimen Especial supone, por lo tanto, un reforzamiento del modelo autonómico y del mismo Estado, que da un paso más por garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles tratando diferente a aquellos que somos diferentes.
 
El nuevo Régimen Especial es un punto de partida, un primer paso, pero un paso fundamental, que tendrá que venir seguido de otros pasos que tienen que contribuir a reforzar y mejorar todavía más la compensación de las desventajas derivadas de la insularidad que sufrimos. Sabemos que todo lo que hemos conseguido no es suficiente porque nosotros siempre exigimos más y nunca nos conformamos. Y sabemos que en el futuro conseguiremos dar nuevos pasos.
 
Lo sabemos porque hemos visto como la capacidad de trabajar juntos, que ha demostrado la sociedad de estas islas, nos ha conducido a este éxito colectivo y nos conducirá en el futuro a nuevas conquistas desde el diálogo y el consenso, desde la lealtad y la cohesión de nuestra sociedad.
 
Esta es la clave del avance que se ha producido, esta es la gran novedad: la capacidad de avanzar juntos, la fuerza que da el apoyo de los partidos, patronales, sindicados y de entidades como la Plataforma por la Mejora de la Financiación liderada por el Cercle d’Economia.
 
A todos ellos les quiero dar las gracias porque todo lo que se ha conseguido es mérito suyo.
 
En este punto, quiero agradecer especialmente la labor de la Plataforma por la Mejora de la Financiación y la del expresidente del Cercle d’Economia, Andreu Rotger, así como la del actual presidente, José María Vicens.
 
También quiero agradecer el esfuerzo del Gobierno del Estado y la implicación personal del presidente, Pedro Sánchez, así como de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque hemos avanzado más en estos ocho meses que en veinte años. Pero también quiero dar las gracias por el trabajo hecho en su momento al expresidente Mariano Rajoy y al exministro de Hacienda, Cristòbal Montoro.
 
Y no quiero dejar de felicitar a aquellos que han hecho el trabajo más duro: la consellera Catalina Cladera y su equipo de Hacienda.
 
También quiero destacar el apoyo de los cuatro consejos insulares y la implicación de todas las fuerzas políticas para avanzar en la mejora del Régimen Especial. Quiero citar explícitamente las fuerzas del pacto -Més, Gent per Formentera, Podem y Partit Socialista- por el trabajo hecho en las Illes Balears y en Madrid para conseguir que el nuevo REIB fuera convalidado el jueves con un resultado histórico de 306 votos a favor y sin ningún voto en contra.
 
También quiero destacar la labor, crítica y al mismo tiempo constructiva, de El Pi, que en todo momento ha sabido contribuir al consenso y la unidad desde su voz siempre reivindicativa. Y, por descontado, quiero agradecer el comportamiento del Partido Popular, por haber entendido que, en las cuestiones que son de Estado para las Illes Balears, no se debe hacer partidismo.
 
Conseguir este avance es mérito de todos. Este Régimen Especial es importante tanto por sus efectos económicos como por la forma con la cual hemos llegado: trabajando juntos como nunca. Sumando ilusiones y fuerzas. Escuchándonos, conociéndonos y trazando estrategias conjuntas. Sólo así conseguiremos que la elocuencia de nuestras razones objetivas se imponga gracias a la contundencia que nos da hablar con una sola voz. La de todos.
 
Ya sabemos lo que somos juntos. Sigamos andando al mismo paso. Aprovechemos la comunión entre instituciones, partidos y sociedad para seguir abriéndonos caminos que nunca habíamos transitado con éxito. Dialoguemos entre nosotros para buscar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas. Sigamos marcándonos objetivos comunes ambiciosos y volvamos a hacerlos realidad.
 
Este Régimen Especial nos demuestra que, juntos, somos mejores y, sobre todo, que, juntos, podemos hacer frente a nuestros mayores desafíos. Avancemos juntos hacia la sociedad de progreso, justicia social y oportunidades para todos que nos hermanan en el propósito. Hagamos de estas Balears nuestras las islas que queremos.
 
Muchas gracias.