La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, quiere contextualizar alguna de las manifestaciones hechas durante más de cuatro horas en la comparecencia delante de la Diputación Permanente del Parlament de las Illes Balears. Cuando asegura que la Fiscalía “no se implica en resolver estos casos” no se refiere a la globalidad de los casos de explotación sexual de menores sino a su participación en la última fase de las cuatro que establece el Protocolo de explotación sexual infantil de Baleares, la referida al seguimiento de los casos. En esta fase participan todas las administraciones públicas que forman parte del protocolo, las entidades que trabajan en el territorio y, en algunos casos, la Policía, pero no la Fiscalía.
La consellera reconoce en todo momento la tarea de cada uno de los trabajadores que forman parte de la Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre todo, quiere poner en valor el papel que está desarrollando la Policía en el desmantelamiento de los pisos y organizaciones de explotación sexual de menores en Mallorca. No obstante, insiste que es necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad dictamine que la búsqueda de jóvenes fugados de los centros de menores se considere de alto riesgo como se ha solicitado reiteradamente desde las diferentes instancias de Baleares. En este sentido, cuando dice y mantiene que la policía no considera que estas búsquedas sean prioritarios, se refiere exclusivamente a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad mencionada, en la que se especifica que la acción policial sobre la búsqueda de menores de edad fugados o de retorno a los centros no es prioritaria.
El que quiso explicar en la comparecencia es que todos tenemos que hacer piña para que la lucha contra estos delitos tan graves sean una prioridad social. Tenemos que ttabajar todos juntos para dar una solución lo más rápido posible a una problemática social tan compleja.
Ante la Diputación Permanente, la consellera se comprometió a seguir trabajando para concienciar a toda la sociedad de esta problemática. Por eso, se mantendrá la formación selectiva y dirigida a todos los profesionales trabajan directamente con menores. Paralelamente, se convocará una mesa de expertos para tener información actualizada y constante de la situación y se seguirá trabajando con la revisión del protocolo. Además, se desplegará la ley de la Infancia y la Adolescencia y se seguirá trabajando en coordinación con los Consells.
Santiago pide un plan estatal específico para luchar contra esta lacra. Esto pasa para pedir al Estado la modificación de la instrucción de la Secretaría de Estado sobre la desaparición de los menores de edad porque se considere de alto riesgo la desaparición de muchachos de los centros de menores, que se aumente la dotación de fiscales y jueces de los menores y aumentar la dotación de los miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado.